El ciclo electoral de 2026 en América Latina marcará el rumbo de las políticas económicas y fiscales de varios países, y en el caso de Colombia el panorama es más incierto que el de sus pares regionales. Así lo advierte Standard & Poor’s (S&P Global Ratings) en su informe ‘Cómo las elecciones nacionales marcarán el rumbo de las políticas entre los soberanos de América Latina en 2026’, en el que evalúa el impacto político y económico de los comicios en Colombia, Brasil, Costa Rica y Perú.
Según la calificadora, mientras se espera una “amplia continuidad en las políticas económicas” en Brasil y Costa Rica tras las elecciones, y en Perú el foco está en lograr una gobernabilidad más estable, el rumbo de las políticas en Colombia es más incierto, en especial por la capacidad del próximo gobierno para estabilizar los déficits fiscales y contener el crecimiento de la deuda.
En Colombia, las elecciones legislativas se celebrarán en marzo y la primera vuelta presidencial en mayo, con una segunda vuelta prevista para junio. El informe señala que la coalición oficialista Pacto Histórico ya eligió como candidato a Iván Cepeda, cercano al presidente Gustavo Petro, mientras que los partidos de oposición centristas y conservadores continúan fragmentados. De acuerdo con las encuestas citadas por S&P, la delincuencia, el desempleo y la corrupción figuran entre las principales preocupaciones de los votantes.
La calificadora subraya que el debilitamiento de los partidos políticos tradicionales dificulta anticipar el rumbo de la política económica. Recuerda que en las elecciones de 2022 ninguno de los candidatos que llegó a la segunda vuelta provenía de los partidos políticos tradicionales del país, lo que indica, según el informe, una fragmentación entre las clases políticas dominantes del país.
El próximo gobierno, advierte S&P, heredará desafíos significativos en seguridad, finanzas públicas y crecimiento económico. En materia de seguridad, la firma señala que la delincuencia y la violencia siguen siendo elevadas pese al acuerdo de paz de 2016, y que la producción ilegal de drogas estaría en niveles récord. A esto se suman los efectos de la crisis venezolana, que ha incrementado la actividad delictiva y los desplazamientos de población.
El frente fiscal aparece como uno de los principales focos de riesgo. Standard & Poor’s estima que el déficit fiscal del gobierno de Colombia “probablemente rondaría el 7 por ciento del PIB en 2025” y considera muy poco probable que se adelante una corrección fiscal en el primer semestre de 2026 debido al calendario electoral. La incertidumbre se agrava, según el informe, por la decisión de suspender la regla fiscal durante tres años, lo que incrementa las dudas sobre la trayectoria futura de la deuda pública.
Aunque la recompra de deuda no es, en esencia, una medida negativa, su efectividad dependerá de que esté acompañada por un plan fiscal sólido. Sin este respaldo, podría percibirse como un alivio temporal que no soluciona los problemas estructurales de las finanzas públicas del país.
Inversión rezagada, el reto de la próxima administración
La agencia también advierte que los cambios inesperados en la estrategia de gestión de la deuda soberana han generado inquietud entre los inversionistas. Si bien las operaciones recientes ayudaron a reducir los pagos de intereses en 2025, S&P señala que podrían derivar en mayores pagos de intereses y mayores necesidades de refinanciamiento en 2026. Además, indica que “las tendencias negativas en las finanzas públicas y un aumento reciente del salario mínimo harán más difícil para el banco central contener la inflación”, que ahora supera el 5 por ciento”.
En cuanto al crecimiento económico, el informe muestra un desempeño débil. El PIB colombiano creció en promedio alrededor de 1,6 por ciento entre 2023 y 2025. Este crecimiento ha estado impulsado principalmente por el consumo, apoyado en el gasto público, los aumentos salariales y remesas en niveles récord.
En contraste, la inversión fija bruta —el gasto total que empresas y gobierno destinan a la compra y producción de activos fijos (como maquinaria, edificios, infraestructura)— se mantuvo por debajo de los niveles previos a la pandemia en 2025, mientras que el consumo fue casi 30 por ciento superior. Para S&P, varios años de baja inversión han reducido el crecimiento potencial de la economía, lo que complica aún más el panorama para la próxima administración.
inversiones
Este contexto se refleja en la calificación soberana. En junio de 2025, Standard & Poor’s bajó la calificación de largo plazo en moneda extranjera de Colombia a ‘BB’ desde ‘BB+’ y mantuvo una perspectiva negativa.
La agencia advierte que podría volver a recortar la calificación si el nuevo gobierno no adopta medidas efectivas y oportunas para estabilizar las cuentas fiscales y la deuda, mientras sostiene el crecimiento económico.
Por el contrario, una reducción de los déficits y una mejora en la confianza de los inversionistas podrían llevar a una revisión de la perspectiva a estable.
En suma, el informe de Standard & Poor’s deja claro que, frente a la continuidad esperada en Brasil y Costa Rica y a la solidez macroeconómica de Perú, Colombia enfrenta el mayor nivel de incertidumbre política y fiscal de cara a las elecciones de 2026, con implicaciones directas para su crecimiento, su deuda y su perfil crediticio soberano.
Fuente: https://www.eltiempo.com/economia/